Masacre en Río de Janeiro: más de 130 muertos deja la operación policial más letal en la historia de Brasil
Una operación policial de gran magnitud en las favelas del Complexo do Alemão y Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, dejó un saldo de más de 130 personas muertas, incluyendo al menos cuatro agentes de seguridad. La acción, que comenzó la madrugada del martes 28 de octubre, se ha convertido en la más sangrienta registrada en la historia moderna de Brasil, generando conmoción, protestas y un intenso debate sobre el uso de la fuerza policial en el país.
De acuerdo con las autoridades del estado de Río, más de 2,500 agentes participaron en la operación, respaldados por vehículos blindados, helicópteros, drones y unidades especiales. El objetivo principal era desarticular una red de narcotráfico vinculada a la poderosa facción criminal Comando Vermelho (Comando Rojo), acusada de controlar amplias zonas de la ciudad mediante extorsiones, tráfico de armas y drogas. Sin embargo, lo que debía ser un operativo de captura se transformó rápidamente en una batalla urbana, con horas de tiroteos ininterrumpidos y un saldo humano devastador.
La Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro reportó 132 muertos hasta la noche del miércoles, una cifra que supera por amplio margen las operaciones más letales registradas en la ciudad en los últimos años. El gobierno estatal, por su parte, confirmó al menos 64 fallecidos en un informe preliminar, aunque reconoció que el número podría aumentar a medida que se recuperan cuerpos de las zonas boscosas y viviendas. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran calles cubiertas de casquillos de bala y cuerpos tendidos, algunos de ellos alineados por los propios vecinos para facilitar su identificación.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, defendió el operativo y lo calificó como “un éxito contra el crimen organizado”. Según su versión, la mayoría de los fallecidos eran miembros armados de las bandas criminales que resistieron la intervención policial. “No podemos permitir que el narcoterrorismo siga dominando comunidades enteras”, declaró Castro en una conferencia de prensa, asegurando que el Estado “recuperó el control” de las áreas ocupadas por el Comando Vermelho.
Sin embargo, los testimonios de los residentes y las denuncias de organizaciones de derechos humanos ofrecen un panorama muy distinto. Vecinos de las comunidades afectadas relataron escenas de pánico, ejecuciones a quemarropa y allanamientos violentos. Algunos afirmaron que la policía impidió el ingreso de ambulancias durante horas y que varios heridos murieron sin recibir atención médica. Fotografías y videos compartidos en redes muestran cuerpos con impactos de bala en la cabeza y el cuello, lo que ha llevado a sospechar de ejecuciones extrajudiciales.
La oficina de derechos humanos de la ONU y Amnistía Internacional han solicitado una investigación independiente sobre los hechos, calificando la operación como “un uso desproporcionado de la fuerza con posibles violaciones graves de derechos humanos”. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó de emergencia a sus ministros de Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos para analizar el operativo y evaluar medidas ante la creciente indignación nacional e internacional.
La operación también ha reabierto el debate sobre el modelo de seguridad en Brasil, donde las políticas de “mano dura” se han vuelto comunes ante el avance del crimen organizado. Si bien las autoridades estatales sostienen que los resultados muestran determinación frente al narcotráfico, especialistas y activistas advierten que estas tácticas solo profundizan la violencia y el resentimiento en comunidades marginadas.
En el plano político, el caso representa un desafío para el gobierno federal y para el propio Lula, quien ha prometido reducir la violencia policial y mejorar las condiciones en las favelas. Mientras tanto, Río de Janeiro permanece bajo tensión, con un despliegue de fuerzas que continúa en las zonas intervenidas y con familias buscando desesperadamente a sus desaparecidos.
Las imágenes de cuerpos alineados en las calles, el llanto de madres que reclaman justicia y el eco de los disparos que aún resuenan en los barrios de la ciudad simbolizan el dolor de una sociedad atrapada entre la violencia del crimen organizado y el poder letal del Estado. La tragedia del Complexo do Alemão quedará como un recordatorio de los límites de la fuerza y de la urgente necesidad de una nueva política de seguridad en Brasil.