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Deportan desde Estados Unidos a dominicana acusada de homicidio en Villa Altagracia

Santo Domingo.– Una mujer dominicana que era buscada por las autoridades por su presunta vinculación en un homicidio ocurrido en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, fue deportada este martes desde Estados Unidos y entregada a miembros de la Policía Nacional a su llegada al país.

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La detenida fue identificada como Raysa Corporán Guzmán, de 34 años, quien arribó a territorio dominicano por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) bajo custodia de agentes estadounidenses, según informó la oficina de la Interpol en Santo Domingo.

De acuerdo con las autoridades, Corporán Guzmán figuraba en la base de datos de la Interpol con una notificación roja internacional emitida a solicitud de República Dominicana, mecanismo utilizado para localizar y capturar personas requeridas por procesos judiciales o investigaciones criminales.

La mujer está siendo investigada por su presunta participación en un hecho violento ocurrido el 1 de enero de 2022 en el sector El Puerto, perteneciente al municipio de Villa Altagracia, caso que era seguido por las autoridades dominicanas desde hace varios años.

Aunque las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias específicas del homicidio ni sobre el grado de participación atribuido a la imputada, indicaron que la deportación forma parte de los acuerdos de cooperación internacional existentes entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de seguridad y persecución del crimen.

Tras su llegada al país, Corporán Guzmán fue entregada a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso judicial y las investigaciones relacionadas con el caso.

La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público continúan desarrollando las diligencias legales correspondientes mientras avanzan las investigaciones sobre el hecho ocurrido en Villa Altagracia.

Las autoridades dominicanas destacaron además el apoyo de los organismos internacionales y de las agencias estadounidenses para lograr la localización y deportación de personas prófugas vinculadas a procesos criminales pendientes en República Dominicana.

El caso vuelve a poner en evidencia el uso de mecanismos de cooperación internacional e intercambio de información entre países para la captura de personas requeridas por la justicia.