Participación Ciudadana descarta existencia de “lawfare” en RD y defiende continuidad de procesos por corrupción
Santo Domingo, República Dominicana. – El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez Valdez, afirmó que en la República Dominicana no existe una persecución judicial con fines políticos ni una estrategia de “lawfare”, al tiempo que defendió la necesidad de que los casos de presunta corrupción administrativa continúen su curso en los tribunales.
Durante una entrevista concedida al programa D’Agenda, Álvarez sostuvo que el sistema de justicia dominicano no ha sido utilizado para impedir la participación política de dirigentes o adversarios, como ha ocurrido en otros países donde se ha denunciado el uso de procesos judiciales con fines electorales.
El representante de Participación Ciudadana explicó que los expedientes relacionados con corrupción deben ser conocidos por los órganos correspondientes y que las investigaciones no deben interpretarse automáticamente como acciones de persecución política.
“Si una persona estuvo en un cargo público administrando mal el dinero y distrajo fondos, no se puede hablar de lawfare”, expresó Álvarez al referirse al debate sobre los procesos judiciales que involucran a exfuncionarios y servidores públicos.
A su juicio, es importante diferenciar entre la persecución política y la aplicación de la ley en casos donde existan indicios de irregularidades en el manejo de recursos del Estado, señalando que corresponde a los tribunales determinar responsabilidades mediante el debido proceso.
Álvarez destacó que el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción requieren que los organismos de control y el sistema judicial actúen con independencia, transparencia y apego a las normas legales vigentes.
Asimismo, consideró que la rendición de cuentas es un elemento fundamental para consolidar la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones públicas, especialmente cuando se trata de la administración de fondos estatales.
Las declaraciones del dirigente de Participación Ciudadana se producen en medio de un debate regional sobre el concepto de “lawfare”, término utilizado para describir el supuesto uso del aparato judicial como herramienta para afectar adversarios políticos.