Abinader destaca Ley 47-25 como clave para fortalecer la transparencia en las compras públicas
Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente Luis Abinader destacó la importancia de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas como una herramienta para fortalecer la transparencia, la eficiencia y los controles en los procesos de compras y contrataciones que realiza el Estado dominicano.
Durante sus declaraciones, el mandatario resaltó que la nueva legislación procura modernizar el sistema de contrataciones públicas y establecer mecanismos que permitan garantizar un mayor nivel de transparencia en el uso de los recursos del Estado.
La normativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer la institucionalidad y mejorar los procedimientos mediante los cuales las entidades públicas adquieren bienes, contratan servicios y ejecutan obras.
Abinader señaló que contar con reglas más claras y mecanismos de control contribuye a generar mayor confianza tanto entre los ciudadanos como entre las empresas que participan en los procesos de contratación con el Estado.
La legislación también busca promover condiciones más equitativas para los proveedores y facilitar una mayor participación en los procesos de compras públicas, bajo criterios de competencia y cumplimiento de las normas establecidas.
Uno de los objetivos centrales es que las instituciones estatales dispongan de procedimientos más modernos y eficientes, reduciendo espacios para prácticas irregulares y fortaleciendo la supervisión de los recursos públicos.
El presidente ha colocado la transparencia y la modernización de la administración pública entre los ejes de su gestión, con iniciativas orientadas a mejorar los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
La aplicación de la Ley 47-25 representa, en ese sentido, un paso hacia la actualización del marco legal que regula las contrataciones del Estado y la incorporación de mayores controles en las diferentes etapas de estos procesos.
Las autoridades esperan que la implementación de la normativa contribuya a mejorar la calidad del gasto público y a garantizar que las compras y contrataciones se realicen de manera más transparente, competitiva y eficiente.