CODIA prioriza aplicación de la Ley 16-26 para saldar deudas históricas del Gobierno con contratistas
Santo Domingo, RD. — El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) anunció como una de sus prioridades la aplicación efectiva de la Ley 16-26, con el propósito de contribuir a agilizar el pago de las deudas históricas que mantiene el Estado dominicano con contratistas y profesionales del sector construcción.
El presidente del gremio, George Richardson, informó sobre la puesta en marcha de un plan institucional de veeduría y soporte técnico destinado a acompañar el proceso y facilitar que los profesionales que aparecen reconocidos en el catálogo establecido por la legislación puedan acceder oportunamente al pago de sus acreencias.
Richardson manifestó la disposición del CODIA de colaborar con el Gobierno para contribuir al saneamiento de estos compromisos pendientes y fortalecer la transparencia en el proceso. El gremio también contempla brindar orientación y asesoría legal a ingenieros, arquitectos y agrimensores que consideren que tienen acreencias legítimas y que no fueron incluidos en el anexo contemplado por la normativa.
La Ley 16-26 establece un procedimiento especial para revisar, evaluar, validar y autorizar reclamaciones relacionadas con obras públicas ejecutadas para instituciones del Estado, incluso en aquellos casos en que no exista un contrato formal. La legislación fue promulgada el 1 de mayo de 2026 y creó una comisión encargada de evaluar los expedientes y determinar cuáles reclamaciones cumplen con los requisitos establecidos.
Como parte del proceso, la comisión creada por la ley aprobó en julio un protocolo que establece los procedimientos, criterios y requisitos técnicos para la revisión y tramitación de los expedientes. La comisión está encabezada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, e integrada además por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
El protocolo busca establecer reglas uniformes para el análisis de las reclamaciones y garantizar que el proceso se desarrolle bajo criterios de transparencia, supervisión y rendición de cuentas. También se determinó dar prioridad a los expedientes que ya se encontraban en proceso de revisión por la Contraloría General de la República al momento de entrar en vigor la normativa.
La legislación abarca deudas relacionadas con obras ejecutadas para distintas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Desde la promulgación de la ley, representantes del sector habían reclamado mayor rapidez en su implementación. En junio, el Comité Institucional Codiano había expresado preocupación por los retrasos en la puesta en funcionamiento del mecanismo establecido para atender las acreencias históricas de los contratistas.
Con su nueva iniciativa, el CODIA busca acompañar a sus miembros durante las distintas etapas del proceso, promover la correcta aplicación de la legislación y contribuir a que las obligaciones reconocidas puedan ser saldadas conforme a los procedimientos establecidos.