20 legisladores proponen ley para declarar El Romero como área protegida ante planes de minería

Un grupo de 20 legisladores de la oposición depositó en el Congreso Nacional dos proyectos de ley con el objetivo de declarar como área protegida la zona de El Romero, en la provincia San Juan. La iniciativa surgió antes de que el presidente Luis Abinader ordenara la suspensión inmediata de las actividades en esa localidad.

Las propuestas, impulsadas por el diputado Mélido Mercedes y el senador Félix Bautista, ambos vinculados al partido Fuerza del Pueblo, cuentan con el respaldo de otros congresistas opositores. En ellas se plantea convertir el área, ubicada en la Cordillera Central, en una reserva natural para preservar sus condiciones ambientales.

De acuerdo con los proyectos, El Romero —donde la empresa GoldQuest buscaba desarrollar actividades extractivas— reúne las características necesarias para ser protegido bajo la categoría de reserva natural, definida por la ley como espacios que conservan su estado original sin presencia significativa de asentamientos humanos.

Uno de los principales argumentos de los legisladores es el posible impacto negativo de la minería en la zona. Advierten que estas actividades podrían contaminar los suelos y las fuentes de agua, afectar la salud de las comunidades y perjudicar la producción agrícola. Incluso, señalan que los daños ambientales serían irreversibles frente a los beneficios económicos proyectados.

Las iniciativas también destacan la importancia de preservar los recursos naturales como un bien colectivo esencial para el bienestar presente y futuro. En ese sentido, subrayan que la protección del agua resulta clave, especialmente en una provincia como San Juan, reconocida por su alta producción agrícola.

Asimismo, se resalta que la Cordillera Central es una fuente hídrica fundamental para la región, alimentando ríos como el Yaque del Sur y el San Juan, que a su vez abastecen sistemas de riego y consumo humano.

Ambos proyectos coinciden en delimitar el área protegida en comunidades como La Ciénaga, Río Arriba del Norte y zonas del distrito municipal de Sabaneta, aunque difieren en la extensión —entre 50 y 60 kilómetros cuadrados— y en el modelo de gestión.

Mientras una de las propuestas plantea la creación de un patronato multisectorial para administrar la reserva y fomentar el ecoturismo, la otra propone que el manejo esté a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, con la elaboración de un plan integral en un plazo de seis meses.

Las dos iniciativas contemplan sanciones por violaciones a la normativa ambiental y la posibilidad de expropiar terrenos si fuese necesario para garantizar la protección del área.

Actualmente, ambos proyectos se encuentran bajo estudio en comisiones del Congreso, en medio de un contexto de protestas y rechazo social en San Juan ante el desarrollo de un proyecto minero en El Romero.