Congreso impulsa nuevas medidas contra feminicidios y propone declararlos emergencia nacional

Santo Domingo.– Legisladores dominicanos realizaron una reunión de seguimiento a la Reforma Integral “Déjala Ir”, una propuesta que busca enfrentar y prevenir los feminicidios y filicidios en República Dominicana mediante políticas públicas enfocadas en la protección, prevención y detección temprana de la violencia.

Durante el encuentro, diputadas, diputados y senadoras expresaron preocupación por el aumento de los casos de violencia intrafamiliar y de género que han cobrado la vida de mujeres y menores de edad en el país. Los congresistas señalaron que esta problemática requiere respuestas urgentes y acciones estructurales para evitar que los conflictos escalen hasta hechos fatales.

Según indicaron, más de 26 mujeres y niños han fallecido en lo que va de 2026 a causa de distintos tipos de violencia doméstica, situación que calificaron como una crisis social que demanda mayor intervención del Estado.

Entre las medidas acordadas, los legisladores anunciaron que solicitarán al Congreso Nacional la creación de una comisión bicameral especializada para supervisar iniciativas relacionadas con la prevención de la violencia, además de promover que los feminicidios y filicidios sean declarados como emergencia nacional.

Asimismo, plantearon impulsar varios proyectos legislativos orientados a fortalecer las políticas de protección. Entre ellos figura la modificación de la Ley General de Educación para incluir un trabajador social por cada 300 estudiantes en escuelas públicas, con el propósito de identificar casos de abuso, abandono y violencia desde los centros educativos.

También propusieron incluir educación emocional, igualdad y resolución pacífica de conflictos dentro del currículo escolar, así como aprobar la Ley de Política Nacional del Cuidado y ampliar la red de casas de acogida para víctimas, garantizando al menos un refugio por provincia.

Durante la asamblea, los legisladores señalaron además la necesidad de revisar las leyes vinculadas a los cuerpos policiales y militares, debido a que una parte de los feminicidios registrados involucra a miembros de las fuerzas del orden.

Otra de las propuestas discutidas fue la creación de unidades municipales contra la violencia en los ayuntamientos, con el objetivo de ofrecer acompañamiento comunitario y prevenir conflictos antes de que lleguen al sistema judicial.

Además, respaldaron la creación de tribunales especializados para atender a las víctimas, el monitoreo electrónico de órdenes de protección y arresto, y la aprobación de una estrategia nacional enfocada en la prevención y erradicación de feminicidios y filicidios.

Como parte de las acciones inmediatas, también acordaron desarrollar jornadas de orientación y concienciación ciudadana sobre los derechos y mecanismos de protección disponibles para mujeres, niños, niñas y adolescentes en el país.