Abogado de Masha denuncia “irregularidades” tras decisión de prisión preventiva
Santo Domingo Este. – La Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este dictó este lunes tres meses de prisión preventiva contra la exponente urbana Masha, cuyo nombre real es Ashley Mariel Sánchez, y otros implicados en un caso de presunto porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La decisión judicial ha generado reacciones inmediatas por parte de la defensa de los acusados, que calificó la medida como injusta y plagada de irregularidades procesales.
Tras concluir la audiencia, el abogado defensor Henry Romero cuestionó duramente la actuación de las autoridades y aseguró que durante el proceso se produjeron inconsistencias relacionadas tanto con el arresto como con el registro de los vehículos vinculados al expediente.
“Fue una decisión llena de irregularidades con relación al arresto, con relación al registro de los vehículos. Sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque en un caso similar, con esa misma magistrada, la decisión fue totalmente diferente”, expresó el jurista al ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.
Romero sostuvo que la defensa no comparte el criterio utilizado por el tribunal para imponer prisión preventiva y adelantó que recurrirá la medida en los próximos días, alegando que se han vulnerado derechos fundamentales de los imputados.
Según explicó, existen elementos dentro del expediente que, a juicio de la defensa, no justifican la imposición de una medida tan severa, por lo que esperan que instancias superiores revisen el caso.
Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene la acusación por presunta violación a la Ley de Armas de la República Dominicana y continúa desarrollando las investigaciones correspondientes sobre el caso.
La situación ha generado amplio debate en redes sociales y medios nacionales debido a la notoriedad pública de Masha dentro de la música urbana dominicana y al impacto mediático que ha tenido el proceso judicial.
La artista y los demás implicados deberán cumplir la medida de coerción mientras avanzan las investigaciones y se determina su posible responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.