Miguel Surun: “La variación de la medida a Ada Ledesma es el principio del descalabro del caso SeNaSa”
El abogado Miguel Surun Hernández, quien es querellante y actor civil en representación de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social en el proceso por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), criticó este jueves la decisión judicial que sustituyó la prisión preventiva de la imputada Ada Ledesma por arresto domiciliario, grillete y garantía económica.
Surun Hernández sostuvo que la decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional representa “el principio del descalabro” del proceso y advirtió que, a su juicio, aleja la posibilidad de que los responsables del supuesto fraude sean sancionados de manera ejemplar.
“Prácticamente se han abierto las puertas de que todo el mundo se vaya a sus casas”, expresó, al considerar que la sociedad podría no ver castigados a los responsables del presunto desfalco.
Asimismo, rechazó cualquier eventual negociación en el proceso, al entender que este tipo de acuerdos suele conducir a la impunidad.
También manifestó que continúa a la espera de una eventual “SeNaSa 2.0”, con la expectativa de que se identifiquen otros posibles responsables.
Por su parte, el abogado de Ada Ledesma, Gustavo de los Santos, defendió la decisión del tribunal al sostener que la prisión preventiva impuesta a su cliente fue desproporcionada desde el inicio del proceso.
Explicó que la defensa acreditó ante el juez el delicado estado de salud de Ledesma, mediante estudios médicos que evidencian afecciones cardiovasculares, entre ellas una condición de esclerosis en la aorta, lo que, según afirmó, podría poner en riesgo su vida si permanecía recluida en un centro penitenciario.
De los Santos detalló que el juez fundamentó la variación de la medida exclusivamente en esos nuevos elementos médicos, al considerar que el sistema penitenciario no cuenta con capacidad de respuesta adecuada ante una eventual emergencia cardiovascular de la imputada.
En consecuencia, el magistrado Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario.
De igual manera le impuso presentación periódica, el uso de un grillete electrónico y una garantía económica de RD$20 millones, con el fin de asegurar su permanencia en el proceso judicial.