Tras casi 20 años preso sin sentencia, hombre recupera su libertad en Montecristi
Montecristi.– Un hombre que permaneció casi dos décadas bajo prisión preventiva sin una sentencia definitiva recuperó su libertad luego de una intervención de la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Montecristi, que asumió su caso y logró revertir la prolongada privación de libertad.
El ciudadano estuvo recluido desde el 20 de junio de 2006 en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón, bajo una medida cautelar que, según la Defensa Pública, se extendió durante años sin que se definiera su situación judicial.
Al revisar el expediente, los defensores públicos identificaron que el interno presentaba una condición de salud mental documentada mediante informes médicos. Además, encontraron que en 2009 la defensa técnica y el Ministerio Público habían solicitado la aplicación de un procedimiento especial debido a su condición psiquiátrica.
Sin embargo, la solicitud fue rechazada y el tribunal dispuso la suspensión del proceso hasta que el ciudadano recuperara su estado de salud mental, una decisión que terminó prolongando su permanencia en prisión sin una resolución definitiva del caso.
Ante esta situación, la Defensa Pública inició acciones legales para restablecer sus derechos, incluyendo una solicitud de habeas corpus y posteriores recursos judiciales.
El proceso concluyó con una sentencia de la Corte emitida el 25 de febrero de 2026, mediante la cual se ordenó la liberación inmediata del ciudadano, poniendo fin a casi 20 años de encierro preventivo.
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, destacó que la decisión representa un paso importante en la protección de los derechos fundamentales y en la garantía del debido proceso para personas en condiciones de vulnerabilidad.
“Este resultado reafirma nuestra responsabilidad de velar para que ninguna persona permanezca invisibilizada dentro del sistema de justicia”, expresó Valentín Santos.
El caso ha generado atención por la extensión del tiempo que el ciudadano permaneció privado de libertad sin una sentencia, y plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de seguimiento y control dentro del sistema penal para evitar situaciones similares.