Senado aprueba las modificaciones al Código Penal
El proyecto fue incluido en la agenda del día, declarado de urgencia y ratificado en dos sesiones consecutivas
Apenas 48 horas después de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma del Código Penal, los senadores ratificaron la pieza en dos lecturas consecutivas bajo el procedimiento de urgencia, y acogieron las 32 modificaciones introducidas por la Cámara de Baja. La votación en el Senado de la República concluyó con una aprobación mayoritaria de 25 votos a favor y solo 3 en contra.
Con esta decisión, el Congreso Nacional busca modernizar una normativa que data de 1884 y que se considera insuficiente para enfrentar los delitos del siglo XXI.
La reforma al Código Penal introduce cambios de gran alcance que buscan modernizar la legislación y responder a las demandas sociales actuales.
Entre las novedades más importantes está la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permitirá sancionar a empresas y entidades que incurran en prácticas ilícitas, fortaleciendo así la lucha contra la corrupción y los delitos corporativos.
El nuevo marco legal también tipifica delitos como el sicariato, el feminicidio y las estafas piramidales e inmobiliarias, además de establecer la acumulación de penas hasta 60 años de prisión, con el objetivo de generar un efecto disuasivo frente a crímenes graves y recurrentes.
La reforma incluye disposiciones específicas sobre violencia doméstica e intrafamiliar, hostigamiento agravado, acoso digital y otros delitos cibernéticos, recogidos en los artículos 121 al 124, en respuesta a problemáticas sociales de creciente impacto.
Casos emblemáticos como el uso del “ácido del diablo” motivaron la creación del artículo 104, que penaliza los daños ocasionados por sustancias químicas, en busca de prevenir ataques que han dejado víctimas con secuelas permanentes y gran indignación social.
Asimismo, se aprobaron medidas contra el proxenetismo agravado, la difusión ilícita de contenido íntimo, el abandono de menores, la malversación de fondos públicos y la certificación falsa del estado de salud, reforzando la protección de derechos fundamentales y la transparencia institucional.
Iniciativas rechazadas
En el debate sobre la reforma al Código Penal, los senadores Félix Bautista, Omar Fernández y Antonio Taveras Guzmán presentaron propuestas de modificación que buscaban introducir cambios en temas sensibles como la libertad de expresión, los disparos innecesarios, la violencia vicaria y el aborto forzado.
Bautista advirtió que 84 artículos están cuestionados ante el Tribunal Constitucional, lo que representa un 21% de la ley, y pidió un plazo de entrada en vigencia diferida de tres meses para evitar futuras anulaciones.
También alertó sobre el artículo 208 de la difamación y el artículo 29 de las penas complementarias, que podrían prohibir a periodistas ejercer su profesión, calificándolo como violatorio del derecho al trabajo.
Por su parte, el senador Omar Fernández, al igual que sus compañeros de la Fuerza del Pueblo solicitó cambios al artículo 123 sobre hostigamiento cibernético, eliminando la condición de relevancia pública que, según él, constituye censura previa.
Además, propuso diferenciar las sanciones en el artículo 161 sobre disparos innecesarios, según el tipo de lesión, y modificar el artículo 211 para eliminar disposiciones que contradicen la libertad de opinión.
“Las opiniones no deben estar sometidas a ser aprobadas y verificadas antes de ser emitidas. Eso atenta contra la libertad de expresión de los dominicanos”, expresó.
Mientras tanto, Taveras insistió en tipificar la violencia vicaria, que afecta a mujeres a través de sus hijos, y en reconocer las tres causales del aborto, propuestas respaldadas por más de 20,000 firmas de ciudadanas.
Sin embargo, todas estas iniciativas fueron rechazadas por mayoría en el hemiciclo, dejando vigente el texto aprobado por la Cámara de Diputados y ratificado por el Senado.
Abinader decidirá su promulgación
Defensores de la reforma, como los senadores Ramón Rogelio Genao y Ginnette Bournigal, destacaron que el nuevo Código Penal representa un avance histórico, al modernizar la legislación y dotar al país de herramientas más eficaces contra la delincuencia.
La senadora por la provincia Puerto Plata destacó que el nuevo marco legal incorpora tipos penales que antes no existían, como el feminicidio, el sicariato y los delitos cibernéticos, lo que permitirá enfrentar con mayor eficacia problemáticas sociales que afectan directamente a las familias dominicanas. También resaltó que la acumulación de penas hasta 60 años constituye un mecanismo disuasivo frente a crímenes graves y reiterados.
El Código Penal concluyó su trámite en el Congreso Nacional y fue remitido al Poder Ejecutivo, donde el presidente Luis Abinader deberá decidir si lo promulga o lo devuelve con observaciones.
La entrada en vigor de la normativa está pautada para el 3 de agosto de 2026, fecha en la que el país dejará atrás el código de 1884 para adoptar un marco jurídico actualizado.
Tras la promulgación, se activará un periodo de transición institucional.
Las empresas privadas y personas jurídicas dispondrán de un plazo hasta noviembre de 2026 para adecuar sus políticas internas y sistemas de cumplimiento, ya que las cláusulas sobre responsabilidad penal empresarial entrarán en vigor meses después.
Este compás de espera busca dar margen a las corporaciones para implementar controles que eviten ser perseguidas por actos ilícitos.
El Pleno del Senado aprobó en dos lecturas consecutivas, bajo el procedimiento de urgencia, la ley que modifica la Ley 99-25 sobre el Presupuesto General del Estado 2026. La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de ajustar las estimaciones de ingresos, el total de erogaciones, el financiamiento y determinadas autorizaciones presupuestarias, en respuesta a las condiciones macroeconómicas observadas durante el primer semestre del año y la dinámica de las finanzas públicas.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Pedro Tineo, rindió un informe detallado y solicitó que la pieza fuera incluida en la sesión ordinaria y declarada de urgencia, lo que permitió su rápida aprobación. La comunicación oficial enviada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el 17 de julio de 2026, explicó que las modificaciones buscan corregir desequilibrios y garantizar la sostenibilidad fiscal del país.