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Presidente del Senado sobre nuevo Código Penal: “RD continúa siendo un país de derechos”

Santo Domingo. – El presidente del Senado afirmó que la aprobación del nuevo Código Penal no representa un retroceso en materia de derechos fundamentales y aseguró que la República Dominicana "continúa siendo un país de derechos", al responder a los cuestionamientos surgidos tras la aprobación de la nueva legislación.

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El legislador sostuvo que el proceso de discusión del Código Penal fue amplio y contó con la participación de diversos sectores de la sociedad, incluyendo representantes del ámbito jurídico, legislativo, académico y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de dotar al país de una normativa actualizada y acorde con las necesidades del sistema de justicia.

Asimismo, destacó que la pieza incorpora nuevas tipificaciones delictivas y fortalece las herramientas legales para combatir delitos modernos, al tiempo que busca garantizar una mayor protección a las víctimas y mejorar la persecución penal.

Al referirse a las críticas de distintos sectores, el presidente del Senado señaló que el respeto a los derechos y garantías constitucionales permanece intacto y que cualquier aspecto de la legislación podrá ser interpretado y aplicado conforme a la Constitución y al marco jurídico vigente.

"República Dominicana continúa siendo un país de derechos", expresó el legislador, al insistir en que la aprobación del Código Penal responde a la necesidad de modernizar una legislación que permaneció durante décadas sin una reforma integral.

El debate sobre el nuevo Código Penal ha generado diversas reacciones entre organizaciones sociales, juristas y representantes de distintos sectores, algunos de los cuales han manifestado preocupaciones sobre determinadas disposiciones de la normativa, mientras otros consideran que su aprobación representa un avance para el sistema judicial dominicano.

Con la promulgación de la nueva legislación, las autoridades esperan fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad y adecuar el régimen penal a los desafíos actuales, manteniendo el respeto a los principios constitucionales y al debido proceso.