Poder Ejecutivo dispone extradición a EE. UU. de dominicano acusado de delitos sexuales
El Poder Ejecutivo de la República Dominicana dispuso la extradición a Estados Unidos del ciudadano dominicano Mario Juan García, quien es requerido por las autoridades judiciales estadounidenses para responder por acusaciones relacionadas con delitos sexuales contra menores.
La medida está contenida en el Decreto 543-26, emitido este lunes por el presidente Luis Abinader. Con esta disposición, el Estado dominicano autoriza formalmente la entrega del acusado a las autoridades de Estados Unidos, donde deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente en el estado de Connecticut.
La extradición forma parte de los mecanismos de cooperación judicial entre República Dominicana y Estados Unidos y permitirá que García sea trasladado a territorio estadounidense para responder ante los tribunales por los cargos que se le atribuyen.
De acuerdo con la información publicada sobre el decreto, el proceso se realiza conforme a las normas que regulan la extradición entre ambos países y bajo las garantías establecidas en el marco jurídico vigente. La entrega no constituye una declaración de culpabilidad, sino el traslado de una persona requerida por la justicia estadounidense para que enfrente allí el proceso correspondiente.
Las autoridades dominicanas han mantenido en los últimos años una política activa de cooperación con Estados Unidos en materia de extradiciones, especialmente en casos relacionados con delitos graves. Durante 2026, el Poder Ejecutivo ha autorizado numerosas entregas de ciudadanos dominicanos requeridos por tribunales estadounidenses por distintos tipos de acusaciones.
En este caso, la decisión pone de manifiesto la coordinación entre las autoridades dominicanas y estadounidenses para garantizar que las personas reclamadas por la justicia puedan ser sometidas a los procedimientos judiciales correspondientes.
La entrega de Mario Juan García deberá ejecutarse conforme a los procedimientos establecidos por las instituciones dominicanas responsables del proceso, mientras que en Estados Unidos será puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo requieren para continuar el proceso en su contra.