La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr cambios en el régimen
Washington.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha abordado la crisis política y de derechos humanos de Nicaragua en al menos 64 ocasiones desde 2018, pero las discusiones, resoluciones y gestiones diplomáticas no han conseguido modificar la conducta del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ni provocar cambios sustanciales en el sistema político del país.
De acuerdo con un balance elaborado por el medio nicaragüense La Prensa, las 64 ocasiones incluyen 29 sesiones del Consejo Permanente, ocho períodos de la Asamblea General y 27 audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que se ha analizado la situación nicaragüense desde el estallido de la crisis política de 2018.
Durante este período, la OEA ha aprobado 11 resoluciones de condena contra las acciones del régimen nicaragüense, además de crear grupos de trabajo destinados a dar seguimiento a la crisis, ejercer presión diplomática y promover gestiones para buscar una salida a la situación política.
Sin embargo, estos mecanismos no han conseguido generar cambios significativos. Analistas citados en el informe consideran que la respuesta de la organización ha quedado limitada principalmente a pronunciamientos y condenas, debido a la falta de consenso y voluntad política entre los Estados miembros para adoptar medidas de mayor alcance.
La situación volvió a quedar en evidencia el pasado 5 de agosto, cuando el Consejo Permanente de la OEA se reunió para analizar nuevamente la crisis de Nicaragua, a solicitud de varios países encabezados por Estados Unidos. Existía la expectativa de que los Estados miembros impulsaran una reunión de cancilleres para discutir posibles acciones conjuntas, pero la propuesta ni siquiera llegó a ser sometida a votación debido a que no se contaba con los 18 votos necesarios.
Este episodio ha generado nuevas críticas sobre la capacidad de la OEA para responder ante crisis democráticas prolongadas. Expertos consultados consideran que los mecanismos diplomáticos del organismo se han mostrado insuficientes frente a gobiernos que no reconocen o ignoran sus resoluciones.
La experta en relaciones internacionales Alexa Zamora Arana señaló que los países miembros de la organización no parecen estar dispuestos a adoptar acciones más contundentes frente a contextos autoritarios. Su análisis apunta a que esta situación no es exclusiva de Nicaragua, sino que también se ha observado en otros casos de la región.
El régimen de Ortega y Murillo ha mantenido una postura de confrontación con la OEA y ha ignorado sus principales pronunciamientos. Nicaragua abandonó oficialmente la organización en 2022, después de que el gobierno denunciara la Carta de la OEA, pero la salida no eliminó las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.
Tras la salida de Nicaragua, las autoridades del país también ocuparon y confiscaron las instalaciones que la OEA tenía en Managua. El organismo respondió con una nueva resolución de condena el 13 de mayo de 2022.
La crisis nicaragüense tiene además importantes repercusiones regionales. La situación política y las denuncias sobre violaciones de derechos humanos han provocado el desplazamiento de ciudadanos nicaragüenses hacia otros países, convirtiendo el tema también en un desafío migratorio para Centroamérica y otros Estados del continente.
El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, ha planteado la necesidad de una respuesta hemisférica coordinada frente a la situación de Nicaragua y ha advertido sobre la importancia de defender los principios democráticos cuando las consecuencias de la represión trascienden las fronteras nacionales.
La historia de la propia OEA muestra que el organismo ha tenido en el pasado episodios en los que sus acciones diplomáticas tuvieron un impacto político. Durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, en 1979, la organización llegó a solicitar su salida del poder. Aunque la caída de Somoza respondió a múltiples factores, el propio dictador mencionó la posición de la OEA en su carta de renuncia.
El caso nicaragüense plantea ahora un escenario diferente. A pesar de más de seis años de debates, condenas y gestiones diplomáticas, la organización no ha conseguido generar una presión suficiente para producir una modificación sustancial de la política del gobierno de Ortega y Murillo.
Para diversos analistas, el desafío de la OEA consiste en encontrar mecanismos que permitan pasar de los pronunciamientos a acciones diplomáticas más efectivas, sin recurrir a una intervención militar y respetando los principios establecidos por el sistema interamericano.
La prolongación de la crisis también ha alimentado el debate sobre la efectividad de los organismos multilaterales para responder ante gobiernos que se mantienen en el poder pese a las condenas internacionales.
Con 64 sesiones y audiencias dedicadas a Nicaragua desde 2018, la crisis se ha convertido en uno de los casos que más ha puesto a prueba la capacidad de la OEA para defender la democracia y los derechos humanos en el continente.