Senado recibe anteproyecto para reformar la Ley de Alianzas Público-Privadas
SANTO DOMINGO.— El Poder Ejecutivo depositó este jueves ante el Senado de la República el anteproyecto de Ley General de Alianzas Público-Privadas, una iniciativa que busca sustituir la actual Ley 47-20 y modernizar el marco jurídico que regula la participación del sector privado en proyectos de interés público.
La propuesta fue entregada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, acompañado del director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk.
El nuevo marco legal procura establecer reglas para las distintas etapas de los proyectos de alianzas público-privadas, desde su inicio, evaluación y selección hasta la adjudicación, contratación, ejecución, seguimiento y eventual terminación de los acuerdos.
Paliza explicó que la iniciativa recoge la experiencia acumulada durante los seis años de aplicación de la Ley 47-20 y responde a la necesidad de actualizar un instrumento considerado estratégico para el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios.
Uno de los principales objetivos de la reforma es reducir la burocracia y acortar los tiempos que actualmente requieren los procesos de evaluación, licitación y adjudicación. Según explicó el ministro, algunos procedimientos pueden extenderse entre 24 y 76 meses, mientras que con la nueva propuesta se procura llevar esos plazos a un rango de entre 10 y 18 meses.
El funcionario sostuvo que la modernización de la legislación busca facilitar una mayor participación del sector privado, sin sacrificar los principios de transparencia, competencia y eficiencia que deben regir el uso de este mecanismo.
La propuesta también contempla nuevas herramientas para aprovechar activos públicos mediante acuerdos de largo plazo con empresas privadas. Estos acuerdos permitirían rehabilitar, renovar o modernizar determinadas infraestructuras y bienes del Estado que puedan ser utilizados de una manera más eficiente.
Otro de los aspectos incluidos es la creación de un fondo especial destinado a financiar estudios técnicos de los proyectos, así como procedimientos específicos para situaciones en las que exista un solo oferente. La iniciativa, además, reconoce expresamente la capacidad de la DGAPP para estructurar proyectos de alianzas público-privadas y acompañar su preparación desde etapas tempranas.
Lugo Risk destacó que la reforma procura elevar la calidad técnica de los proyectos antes de que lleguen a las fases de evaluación y licitación, con el propósito de generar mejores condiciones para atraer inversión privada y garantizar una mayor sostenibilidad de las iniciativas.
El Gobierno ha vinculado la actualización de este marco legal con sus planes de desarrollo económico y con la meta de duplicar el tamaño de la economía dominicana para el año 2036. Paliza consideró que una legislación más ágil puede contribuir a acelerar proyectos estratégicos y ampliar las oportunidades de colaboración entre el Estado y el sector privado.
La iniciativa irá a comisión
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que la propuesta recibirá el trámite legislativo correspondiente y que será enviada a comisión para su estudio y ponderación.
De los Santos afirmó que la Cámara Alta dará el tratamiento adecuado a la iniciativa y expresó su expectativa de que el proceso pueda desarrollarse en un período relativamente corto, aunque aclaró que deberá cumplirse con cada una de las etapas establecidas por el procedimiento legislativo. R
El anteproyecto plantea, en esencia, la derogación de la Ley 47-20, promulgada el 21 de febrero de 2020, para establecer una nueva Ley General de Alianzas Público-Privadas con disposiciones ajustadas a la experiencia acumulada durante los primeros años de aplicación del modelo en el país.
La reforma se produce en un momento en que las autoridades buscan ampliar el uso de las alianzas entre el Estado y el sector privado para desarrollar obras y servicios de interés nacional. La propuesta deberá ahora ser analizada por los legisladores, quienes tendrán a su cargo evaluar sus disposiciones y determinar las modificaciones que consideren necesarias antes de su eventual aprobación.
Con el depósito de esta iniciativa comienza formalmente su recorrido en el Congreso Nacional, donde deberá superar las distintas etapas de estudio, discusión y votación previstas por la Constitución y los reglamentos legislativos.