Caso Jet Set: claves legales que definirán las indemnizaciones a 236 familias y más de 180 heridos
Santo Domingo. El caso por el colapso del techo de la discoteca Jet Set entra en una etapa decisiva no solo en el ámbito penal, sino también en lo relativo a las reclamaciones económicas de las familias de las 236 personas fallecidas y de los más de 180 sobrevivientes que resultaron heridos en la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025.
El proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, avanza bajo la acusación del Ministerio Público de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, mientras las víctimas y sus representantes legales buscan que se determine la responsabilidad civil correspondiente por los daños ocasionados.
Uno de los aspectos centrales será establecer quiénes pueden ser considerados responsables civilmente y hasta dónde alcanza esa responsabilidad. En la etapa preliminar, el tribunal admitió como terceros civilmente demandados a varias sociedades vinculadas al negocio, entre ellas Difusora Hemisferio, Inversiones CCEP-2 e Inversiones E y L, además de Evelyn Espaillat y Ana Grecia López.
La inclusión de terceros civilmente demandados resulta relevante porque las eventuales indemnizaciones no dependen únicamente de la responsabilidad penal de los imputados. El tribunal deberá valorar las responsabilidades civiles alegadas y determinar, conforme a las pruebas y al derecho aplicable, quiénes deben responder por los daños materiales y morales reclamados por las víctimas.
El monto de las indemnizaciones
Uno de los principales puntos de discusión será establecer cuánto corresponde a cada familia y a cada sobreviviente. No existe una indemnización automática e idéntica para todas las víctimas, debido a que los daños pueden variar significativamente de un caso a otro.
En el caso de las personas fallecidas, las reclamaciones pueden tomar en cuenta factores como el vínculo familiar con la víctima, la dependencia económica, los ingresos que dejó de percibir el núcleo familiar y el daño moral provocado por la pérdida.
Para los sobrevivientes, la valoración puede incluir la gravedad de las lesiones, las secuelas permanentes, los tratamientos médicos, los gastos de rehabilitación, la pérdida de ingresos y las consecuencias psicológicas derivadas del desastre.
Por esa razón, el proceso podría generar reclamaciones de montos diferentes, dependiendo de las circunstancias particulares de cada víctima.
El embargo de RD$500 millones
Otro elemento importante para las familias es la medida de coerción real adoptada durante la etapa preliminar. El tribunal ordenó un embargo conservatorio y una hipoteca judicial sobre bienes y activos por hasta RD$500 millones, con el objetivo de preservar patrimonio que pueda responder ante eventuales obligaciones económicas derivadas del proceso.
Esta medida, sin embargo, no significa que las víctimas ya tengan garantizado el pago de RD$500 millones ni que esa cantidad corresponda a la totalidad de las indemnizaciones. Se trata de una medida cautelar destinada a proteger posibles derechos de las partes civiles mientras el proceso continúa.
El Ministerio Público ha señalado que la inmovilización busca ofrecer garantías para que, en caso de establecerse responsabilidades y reconocerse indemnizaciones, existan bienes sobre los cuales puedan ejecutarse las decisiones judiciales.
Responsabilidad penal y responsabilidad civil
Una de las claves jurídicas del proceso será diferenciar la responsabilidad penal de la responsabilidad civil.
Actualmente, los hermanos Espaillat enfrentan una acusación por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, una calificación que parte de la tesis de que la tragedia fue consecuencia de negligencia e imprudencia y no de una intención directa de provocar las muertes.
Los familiares de las víctimas, por su parte, han cuestionado esa calificación y han reclamado que los hechos sean considerados como homicidio voluntario, argumentando que los propietarios presuntamente conocían las condiciones del inmueble y los riesgos existentes.
Aunque la calificación penal tendrá consecuencias importantes sobre las posibles penas, la determinación de las indemnizaciones requiere analizar de manera específica el daño causado y la responsabilidad civil de las personas y entidades involucradas.
Las pruebas serán determinantes
El juicio también deberá examinar las condiciones estructurales del establecimiento, las intervenciones realizadas en el inmueble, las reparaciones, las posibles advertencias sobre el estado de la edificación y la carga colocada sobre el techo.
La resolución que envió el caso a juicio admitió pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales presentadas por el Ministerio Público. También se han incorporado peritajes relacionados con las condiciones que pudieron contribuir al colapso.
Para las reclamaciones civiles, estos elementos serán fundamentales, porque permitirán establecer la relación entre las acciones u omisiones atribuidas a los demandados y los daños sufridos por las víctimas.
Un juicio que trasciende lo penal
El juicio de fondo comenzó a finales de agosto y concentra la atención de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes, quienes reclaman una respuesta judicial proporcional a la magnitud de la tragedia.
La tragedia del 8 de abril de 2025 dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas cuando el techo de la discoteca se desplomó durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el siniestro.
Por tanto, mientras el tribunal deberá determinar si los acusados son penalmente responsables por los delitos que se les imputan, las partes civiles buscarán que también se reconozcan y reparen las consecuencias económicas, físicas, psicológicas y familiares provocadas por el colapso.
El caso Jet Set se perfila así como uno de los procesos judiciales de mayor impacto en República Dominicana en los últimos años, no solo por la cantidad de víctimas, sino también por las implicaciones que tendrá la sentencia para establecer responsabilidades y definir cómo se reparan los daños ocasionados a cientos de familias.
La decisión final deberá determinar, entre otros aspectos, quiénes son responsables, qué daños pueden ser reconocidos judicialmente, qué monto corresponde a cada reclamante y con cuáles bienes o patrimonios podrán hacerse efectivas las eventuales indemnizaciones.