Ministerio Público solicita prisión preventiva contra psiquiatra acusada de complicidad en rapto de ingeniero
La profesional de la salud es señalada por su presunta vinculación con el internamiento irregular de un ingeniero en un centro psiquiátrico, tras ser sacado por la fuerza de una empresa en Alma Rosa II, Santo Domingo Este.
SANTO DOMINGO ESTE.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra la médico psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera, imputada por su presunta complicidad en el rapto de un ingeniero que habría sido trasladado por la fuerza desde una empresa constructora hasta un centro de salud mental, en un caso relacionado con un conflicto matrimonial.
De acuerdo con las informaciones divulgadas sobre el expediente, el hecho ocurrió en una empresa ubicada en el sector Alma Rosa II, en Santo Domingo Este, donde la víctima compartía actividades comerciales con su pareja, Nancy Estervina de Jesús, quien también figura entre las personas imputadas.
La investigación sostiene que De Jesús habría acudido al establecimiento acompañada de otras tres personas que presuntamente participaron en la acción. Según la versión presentada por el órgano acusador, el ingeniero fue sometido por la fuerza, esposado y posteriormente sacado del lugar.
Las autoridades también investigan las circunstancias en que el hombre habría sido trasladado e ingresado en un centro psiquiátrico, donde fue localizado dos días después, tras las diligencias realizadas para establecer su paradero.
Psiquiatra bajo investigación
El Ministerio Público atribuye a Quero Cabrera una presunta participación en el internamiento del ingeniero. Según los elementos descritos en el expediente, la pareja de la víctima habría señalado que actuó siguiendo instrucciones de la profesional de la salud.
La psiquiatra fue detenida el miércoles 14 de octubre de 2026, en cumplimiento de una orden judicial, luego de las diligencias efectuadas en el marco de la investigación.
El órgano acusador sostiene que existen elementos suficientes para solicitar la imposición de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
Entre las evidencias presentadas figuran documentos, testimonios, materiales audiovisuales y un informe de psiquiatría forense elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Estos elementos deberán ser examinados por el tribunal, que tendrá la responsabilidad de determinar si procede la medida solicitada por el Ministerio Público o si corresponde imponer otra medida de coerción.
Audiencia aplazada
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el domingo 18 de octubre de 2026 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra la profesional.
El aplazamiento se produjo a petición de la defensa, según los reportes publicados sobre el caso.
Durante la audiencia, las partes tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada, conforme a las disposiciones legales vigentes.
La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una condena anticipada. Por tanto, la responsabilidad penal de la imputada deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente.
Investigación en curso
El caso se desarrolla en medio de un conflicto matrimonial y un proceso de divorcio entre el ingeniero y su pareja, circunstancias que forman parte del contexto investigado por las autoridades.
Las diligencias buscan establecer cómo se produjo el traslado de la víctima, qué participación habría tenido cada una de las personas señaladas y bajo qué condiciones fue ingresada en el centro de salud mental.
El proceso también pone de relieve la importancia de garantizar que cualquier internamiento psiquiátrico se realice conforme a la ley y respetando los derechos fundamentales de la persona involucrada.
Mientras se espera el conocimiento de la medida de coerción, las autoridades deberán continuar recopilando y evaluando las evidencias para esclarecer los hechos.
La psiquiatra y las demás personas imputadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que determine su responsabilidad penal.