Tribunal condena a cabecillas de red que traficaba armas de alto calibre desde Licey al Medio
Santiago, RD. — Un tribunal de Santiago condenó a varios integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico, almacenamiento y distribución ilegal de armas de fuego de alto calibre, que operaba principalmente en el municipio de Licey al Medio y otros puntos de la provincia.
El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago impuso penas de entre cinco y 10 años de prisión a los principales acusados, luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público sobre las actividades de la organización y su participación en el contrabando de armas.
Hornandys Emmanuel Cruz Almonte fue condenado a 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres. Mientras que Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez y Félix Francisco Vásquez Peralta recibieron condenas de seis años de prisión cada uno.
En tanto, Rosalba María Estrella López fue sentenciada a cinco años de prisión bajo modalidad suspendida, mientras que Marcos de Jesús Diplán Diplán recibió una condena de tres años de prisión suspendida y deberá pagar una multa equivalente a 25 salarios mínimos del sector público. Otro de los procesados, Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, fue absuelto.
La investigación permitió establecer, según el Ministerio Público, que la estructura se dedicaba a introducir armas de contrabando desde Estados Unidos hacia República Dominicana para posteriormente almacenarlas y distribuirlas entre otras organizaciones criminales.
Durante varios allanamientos realizados en localidades de Licey al Medio, Santiago, y Moca, provincia Espaillat, las autoridades ocuparon 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría de la marca Glock y calibre 9 milímetros, además de tres revólveres, dos escopetas, vehículos, equipos electrónicos y RD$700,000 en efectivo.
Los investigadores también encontraron tanques modificados con compartimentos ocultos o doble fondo, que presuntamente eran utilizados para transportar las armas de fuego sin levantar sospechas.
La investigación se extendió por más de un año e incluyó labores de vigilancia, rastreo y recopilación de información sobre los movimientos de los integrantes de la organización. El Ministerio Público contó con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas el equipo SWAT y la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), así como con cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados utilizaban sus propias viviendas y las de familiares como centros de almacenamiento de las armas. Posteriormente, estas eran distribuidas a otras estructuras dedicadas a actividades ilícitas.
Los condenados fueron procesados por violación de disposiciones del Código Penal relativas a la asociación de malhechores y de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, además de cargos vinculados al tráfico, acopio y comercialización ilícita de armas de fuego.
El tribunal también impuso multas en favor del Estado dominicano de entre 50 y 75 salarios mínimos del sector público y fijó para el 16 de octubre la lectura íntegra de la sentencia.
El Ministerio Público destacó que la operación permitió desarticular una estructura dedicada a una actividad que representa un riesgo para la seguridad ciudadana, debido a la capacidad de estas organizaciones para abastecer de armas ilegales a otros grupos criminales.